“Como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante”, decía Mafalda en una de sus tiras. Cuánta razón. En los últimos días las planas de los diarios se llenan de notas relativas al polémico paquete fiscal, los conflictos relacionados con el SME y LyFC, así como los dimes y diretes entre los políticos.
El pan nuestro de cada día es la inseguridad, lo que da por resultado que a punta de las altas dosis diarias que recibimos cada vez nos impresione menos: nos hemos insensibilizado. Un muerto más, uno menos; da igual, a fin que siempre los vemos en las noticias.
Lo que llama la atención es la espectacularidad de la que hace gala el narcotráfico de unos años para acá. Decapitados con mensajes mal escritos, cabezas rodantes en los antros, cuerpos en los cuales es inverosímil que entre tanta cantidad de balas de alto calibre… en fin. Quién como ellos, que cada día se superan y pulen sus métodos de trabajo.
Algunas de las muertes son menos aparatosas, claro. A esas víctimas se les suele llamar “desaparecidos” en tanto que el incómodo cadáver no sea hallado. Entre ellos se encuentran a menudo periodistas, tales como Rafael Ortiz Martínez, Norberto Miranda Madrid, Eliseo Barrón Hernández y muchos otros.
Estos nombres forman parte de la lista de 17 periodistas que han sido asesinados tan sólo en los últimos 18 meses, de acuerdo con el informe 2009 de la Fundación Manuel Buendía. Lo sorprendente es que no suenan conocidos, no parecen hacer eco en la conciencia colectiva.
Sucede como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante.
Tan es así que incluso para algunos funcionarios el asesinato de periodistas “no es tema de agenda”, según las declaraciones que hizo el presidente de la Gran Comisión de la Legislatura Local en Durango, Jorge Herrera Delgado, respecto al homicidio de Eliseo Barrón Hernández, quien trabajaba en la entidad.
El asunto es grave, sin lugar a dudas; el hecho de que no se le dé la suficiente importancia es otra cosa. Según la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, “México es el país más peligroso del continente para la libertad de prensa”. Sí, leyó usted bien, el más peligroso del continente. Con 55 periodistas asesinados y ocho desaparecidos desde 2000, nos ubicamos en el penoso ranking por encima de países como Venezuela, Colombia y Honduras en el lugar 138 de un total de 175 naciones.
Ya la CNDH solicitó al gobierno federal tomar cartas en el asunto, pues la investigación judicial ha sido “deficiente”. Incluso ha emitido recomendaciones en casos específicos, como la que fue dirigida al Secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, por agresiones de elementos del ejército contra periodistas en Cohahuila, en los que “está acreditada la violación a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personales, así como a la libertad de expresión de los agraviados”.
Más de 500 quejas por agresiones contra periodistas se han presentado ante la CNDH de 2000 a la fecha, y la mejor respuesta que articuló el gobierno federal a través de la PGR fue que la mayoría de los asesinatos a reporteros son “por causas ajenas a su profesión”.
A oídos necios, palabras sordas. Al parecer todo lo que se diga en defensa de los derechos de los periodistas, no sólo como profesionales que cumplen la tarea de ofrecer elementos para que la gente satisfaga su derecho a la información, sino como ciudadanos a quienes debe proteger el Estado de Derecho, está a priori destinado a no ser escuchado.
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